01 may. 2025

Ex intendente de Lambaré imputado por lesión de confianza

El ex intendente de Lambaré, Armando Gómez Arévalo (PLRA), fue imputado por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y exacción.

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La imputación fue realizada por el fiscal Francisco Cabrera, quien investiga un presunto perjuicio de G. 9.246.215.000 durante la administración de Gómez, relacionado con un supuesto cobro irregular de impuestos.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por concejales de la ciudad de Lambaré, que detallaba presuntas irregularidades en el periodo correspondiente al año 2019. Según el fiscal Cabrera, la investigación reveló que se habrían realizado anulaciones de comprobantes de ingresos en el sistema informático utilizado por el municipio para el cobro de impuestos. Estas anulaciones habrían sido efectuadas por usuarios indeterminados, lo que provocó que los pagos no fueran contabilizados en la rendición de ingresos.

Irregularidades detectadas

El fiscal Cabrera señaló que, a pesar de las anulaciones en el sistema, los contribuyentes poseían los comprobantes de ingresos originales que demostraban los pagos realizados. Este hecho puso en evidencia un posible esquema de corrupción y malversación de fondos en la administración municipal.

Otros imputados

Además de Gómez Arévalo, otras seis personas también fueron imputadas en relación con estos hechos. Entre los imputados se encuentran:

- Roberto Éver Paredes Ojeda, ex director de Administración y Finanzas.

- Rodrigo Javier Portillo Chirife*, ex jefe del Departamento de Tesorería

- Walter Omar Belotto Achucarro, ex director de Auditoría Interna.

-Édgar Iván Villalba Torreblanca*, ex director de Gestión Tecnológica.

-Ricardo Ronald Ricciardi, funcionario de la Dirección de Gestión Tecnológica.

-Sonia Raquel Notario Candia, ex contadora.

Según la investigación, estas personas eran responsables del control interno de los movimientos financieros y administrativos de la municipalidad. Se sospecha que no cumplieron con los controles mínimos necesarios establecidos por las disposiciones normativas vigentes, especialmente en relación con los depósitos de las recaudaciones diarias.

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