La iniciativa de la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos busca precisamente, establecer un mecanismo estatal que garantice la seguridad, protección y libertad de trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos en un país donde “hablamos de la extensión de la criminalidad, de la narcopolítica, de grupos de poder que recurren a la violencia para evitar que esa forma ilegal de riqueza sea descubierta y publicada por la prensa”, como lo expresó Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).
Contexto: un ejercicio de prensa en riesgo
La situación de la libertad de prensa en Paraguay continúa siendo motivo de seria preocupación.
Desde 1991 hasta hoy se registran al menos 21 periodistas asesinados en el país.
Las agresiones —que van desde amenazas, hostigamientos judiciales, balaceras contra domicilios y ataques físicos— se concentran especialmente en zonas fronterizas donde el crimen organizado tiene mayor presencia.
Por ejemplo:
• En 2024, el observatorio registró 33 casos de violencia contra periodistas.
• Desde 2022 al 2025, el SPP denuncia “más de 100 casos de alguna agresión a la libertad de expresión”.
El proyecto de ley, que se encuentra estancado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República del Paraguay, presidida por el senador Mario Varela, tiene como objetivo dotar al país de protocolos, recursos y mecanismos institucionales preventivos para salvaguardar la labor periodística.
¿Qué contempla la iniciativa?
La propuesta planteada por el SPP, junto a organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), considera tres ejes principales:
1. La creación de un Mecanismo Nacional de Protección adaptado a los casos de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos.
2. La institucionalización de protocolos preventivos y de acción rápida, para que el Estado actúe no solo posterior al hecho, sino de modo anticipado ante amenazas reales.
3. Establecimiento de políticas públicas de fondo: protección laboral, garantías para ejercer el periodismo sin precariedad, y una señal clara de bien público hacia quienes informan. Como afirma Ortiz: “El Estado paraguayo necesita tener una política pública que garantice un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, no por un privilegio a los periodistas, sino para garantizar el derecho ciudadano a acceder a información”.
Casos emblemáticos
» Santiago Leguizamón: El 26 de abril de 1991 en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero (Amambay), fue asesinado mientras ejercía su labor periodística. Marcó el primero de una serie de crímenes que advierten sobre el riesgo del periodismo en zonas de frontera. 
» Leo Veras: Director del medio digital Porã News, asesinado en 2020 en Pedro Juan Caballero por su cobertura vinculada al narcotráfico. 
» Humberto Coronel: Periodista asesinado en 2022, uno de los más recientes de la lista de asesinatos aún sin resolverse. 
Estos casos no son aislados: la mayoría se concentran en departamentos fronterizos como Amambay, Itapúa, Concepción, Canindeyú y Alto Paraná.
Obstáculos y urgencias
A pesar de los datos alarmantes, el proyecto de ley aún no encuentra tracción suficiente. La demora del Senado fue señalada por gremios internacionales y nacionales como una falla institucional que deja a los periodistas vulnerables.
Asimismo, falta de recursos, precarización laboral, amenazas desde el poder político y económico, impunidad casi total en los homicidios —que ronda el 90%— y la carencia de una política pública de protección construyen un escenario donde ejercer el periodismo se vuelve una actividad de alto riesgo.
¿Por qué importa?
La aprobación de esta ley significaría un avance fundamental en tres niveles:
• Protección individual: Garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a represalias violentas.
• Derecho colectivo: Asegurar que la sociedad tenga acceso a información relevante, sin silencios forzados.
• Democracia fortalecida: Un periodismo libre y seguro es condición para fiscalización, rendición de cuentas y participación ciudadana.
En palabras de Ortiz: “Cuando el periodismo denuncia lo que está bajo la baldosa, cuando muestra la ilegalidad —y hay gente que se está enriqueciendo o acumulando poder a partir de ello— el periodismo se convierte inmediatamente en enemigo o en adversario de esos grupos. Entonces, lo que planteamos es que el Estado debe tener una política pública que garantice el derecho ciudadano a acceder a información”.
tado se comprometa, que los mecanismos funcionen. Porque cada agresión que queda impune refuerza la censura y debilita la democracia. Y los periodistas no están luchando solo por ellos mismos: lo están haciendo por el derecho de todos a saber.