A medida que los avances científicos permiten prolongar la vida más allá de los límites naturales, crece también la discusión ética y jurídica sobre el derecho a morir con dignidad. En distintos países, la legislación evolucionó a ritmos desiguales, entre tensiones religiosas, culturales y políticas.
México: la eutanasia aún sin respaldo legal
En México, la eutanasia continúa siendo ilegal, y los intentos de aprobar leyes que autoricen esta práctica han sido rechazados en el Congreso. No obstante, existe una figura conocida como “eutanasia pasiva”, que permite a los pacientes en estado terminal rechazar tratamientos médicos que prolonguen de forma artificial su vida.
Esta opción está reconocida en la Ciudad de México y en varios estados como Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Yucatán, donde las autoridades sanitarias permiten a los enfermos decidir si desean o no continuar con tratamientos paliativos invasivos.
Aunque este mecanismo no implica una intervención médica directa para causar la muerte, representa un avance en el reconocimiento de la autonomía del paciente y del derecho a morir en condiciones humanas y sin sufrimiento extremo. Las organizaciones civiles que promueven la legalización de la eutanasia activa insisten en que este es solo un primer paso hacia una legislación más compasiva y moderna.
Argentina y Chile: el derecho a rechazar tratamientos
En Argentina, desde 2012 rige una ley que garantiza el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. La norma fue celebrada por el sector médico y por asociaciones de pacientes como un avance en materia de libertad de decisión y respeto a la voluntad individual.
De acuerdo con la legislación argentina, las personas con enfermedades irreversibles o terminales pueden solicitar que se suspendan los procedimientos médicos que ya no ofrezcan posibilidades de recuperación o mejoría, evitando así el encarnizamiento terapéutico.
Chile adoptó un camino similar. Ese mismo año, se promulgó una ley que faculta a los pacientes en estado crítico a negarse a continuar con tratamientos o intervenciones que solo prolonguen el sufrimiento.
Sin embargo, el país fue más allá en 2020, cuando la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Muerte Digna y Cuidados Paliativos, una propuesta que abre la puerta a la asistencia médica para morir bajo condiciones específicas y controladas.
Este proyecto, todavía en debate legislativo, busca equilibrar el derecho individual a decidir sobre la propia vida con la obligación del Estado de garantizar los cuidados paliativos adecuados para quienes opten por continuar su tratamiento.
Cuba: la “muerte digna” como nuevo derecho
A finales de 2023, Cuba dio un paso histórico en la región al incluir la “muerte digna” dentro de su reforma sanitaria. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una legislación que actualiza el marco legal del sistema de salud y reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida.
El texto establece que los ciudadanos pueden limitar el esfuerzo terapéutico, acceder a cuidados paliativos continuos o recurrir a procedimientos válidos que finalicen la vida cuando la situación médica sea irreversible.
El doctor Alberto Roque, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, explicó a la agencia Reuters que esta nueva normativa “crea el marco legal necesario para, en el futuro, implementar la eutanasia activa o el suicidio asistido”.
De este modo, Cuba se convierte en uno de los primeros países de América Latina en introducir el tema dentro de su legislación sanitaria nacional, aunque todavía falta el reglamento que determine los protocolos médicos y éticos para su aplicación.
Estados Unidos y Canadá: el modelo norteamericano
En Estados Unidos, la muerte asistida es legal en diez estados y en el Distrito de Columbia, bajo regulaciones estrictas y supervisadas. El estado de Oregón fue pionero en 1997 al promulgar la Death with Dignity Act, o Ley de Muerte con Dignidad, que se convirtió en el modelo más influyente del continente.
La ley permite que un paciente diagnosticado con una enfermedad terminal, y con una expectativa de vida menor a seis meses, solicite a un médico una prescripción letal para administrarse él mismo. En este sistema, la autoadministración del medicamento es obligatoria, ningún profesional puede aplicarlo directamente.
En Canadá, la eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en 2016 exclusivamente para pacientes terminales. Sin embargo, en 2021 el Parlamento amplió la ley para incluir casos de sufrimiento físico o psicológico insoportable a causa de enfermedades graves o discapacidades irreversibles.
La política canadiense, conocida como Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés), fue elogiada por su enfoque humano, aunque también ha generado polémica por la dificultad de establecer límites claros entre el dolor físico y el sufrimiento emocional.
Europa: los pioneros del derecho a morir
El continente europeo fue históricamente el epicentro del debate bioético sobre la muerte asistida. Seis países —Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria— cuentan con legislación que autoriza alguna forma de eutanasia o suicidio asistido.
Suiza fue el primer país en el mundo en reconocer legalmente el “derecho a morir”, cuando en 1942 legalizó el suicidio asistido bajo ciertas condiciones. La particularidad suiza es que permite la participación de extranjeros en el proceso, lo que ha dado origen a organizaciones como Dignitas, con sede en Zúrich, que asisten a personas de distintos países a poner fin a su vida de manera digna y controlada.
Países Bajos y Bélgica siguieron ese camino a comienzos del siglo XXI, estableciendo estrictos protocolos médicos y éticos. Ambos países permiten la eutanasia activa, siempre que el paciente haya manifestado su consentimiento informado y sufra una enfermedad incurable que provoque un dolor insoportable.
España, por su parte, se convirtió en el cuarto país europeo en legalizar la eutanasia, en marzo de 2021. La ley española autoriza la práctica en casos de “enfermedad grave e incurable” o de “padecimiento crónico e imposibilitante” que genere un sufrimiento físico o psíquico intolerable. El procedimiento es voluntario, requiere evaluación médica y la aprobación de una comisión de garantía.
Finalmente, Austria y Luxemburgo han incorporado modelos más limitados, centrados en el suicidio asistido, aunque mantienen un estricto control estatal y médico sobre las solicitudes.
Un debate que continúa
La discusión sobre la eutanasia plantea dilemas éticos profundos. ¿Hasta qué punto la vida debe mantenerse cuando la calidad se ha perdido por completo? ¿Es la muerte asistida un acto de compasión o una forma de abandono?
Mientras algunos sectores sostienen que permitir la eutanasia es reconocer el derecho a una muerte digna y libre de sufrimiento, otros la consideran una amenaza a la ética médica tradicional, basada en el principio de preservar la vida.
La tendencia global, sin embargo, muestra un cambio gradual hacia la despenalización y regulación de estas prácticas, especialmente en sociedades donde la autonomía personal y los derechos humanos tienen un peso creciente.
Cada país avanza a su ritmo, pero el tema ya no es tabú. En un mundo donde la medicina puede alargar la existencia más de lo que el cuerpo y el alma toleran, la eutanasia se ha convertido en un espejo que refleja nuestra relación más profunda con la vida, la dignidad y la libertad.