El paro, previsto para los días 21, 22 y 23 de julio, fue convocado por los gremios empresariales Cetrapam y Ucetrama, con la advertencia de que solo se suspenderá si el Gobierno accede a actualizar de forma inmediata la estructura tarifaria, una exigencia que el sector viene planteando desde hace años.
Para los empresarios, el problema no radica —como se suele creer— en el atraso del pago de subsidios, sino en un modelo de cálculo desactualizado que no refleja los costos reales de operación. Según César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, “nunca dijimos que el paro es por el subsidio. El eje central es la tarifa técnica”. Señaló además que ya no existe confianza en el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, a quien tildó de inoperante y con quien —según advirtió— el gremio ya no mantendrá ningún diálogo.
Un modelo que se desgasta y una reforma que no llega
Desde hace más de un año, el Gobierno viene anunciando una reforma integral del sistema de transporte público. Sin embargo, hasta la fecha no existe un anteproyecto oficial, ni siquiera un borrador que se haya dado a conocer al Congreso o a la ciudadanía. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), prometía transformar por completo el esquema actual, mejorar la calidad del servicio y garantizar mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.
Pese a que los empresarios afirman no oponerse a la reforma en sí, cuestionan la falta de claridad sobre cómo se llevará adelante el proceso de transición, que podría extenderse por al menos cinco años. “La ley se va a aprobar y no nos oponemos, pero ¿qué hacemos mientras tanto con la ineficiencia actual? ¿Quién va a financiar el sistema en este tiempo si ni siquiera pueden pagarnos lo que ya nos deben?”, cuestionó Ruiz Díaz.
Un servicio que no mejora, pero cuesta cada vez más
Las quejas de los usuarios se repiten y se acumulan, unidades obsoletas, frecuencias incumplidas, largas esperas, falta de aire acondicionado, choferes sobreexigidos y, en muchos casos, vehículos inseguros al punto de incendiarse durante el servicio.
A pesar de estas deficiencias, el gasto del Estado en subsidios al transporte sigue en aumento. Solo en los primeros dos meses de 2025 se desembolsaron más de G. 73.000 millones, lo que representa un incremento de más del 35 % respecto al mismo periodo de 2024. El año pasado, el total superó los USD 44,5 millones.
En este contexto, la ciudadanía se pregunta legítimamente: ¿dónde va ese dinero? ¿Por qué no se traduce en mejoras concretas para el pasajero? Mientras el servicio continúa deteriorándose, la percepción generalizada es que el sistema funciona más como un esquema de sostenimiento empresarial que como un servicio público eficiente.
Un paro que puede afectar a miles
El paro anunciado podría sacar de circulación a unos 1.500 buses, aunque aún no se definió cuántas unidades deberán operar bajo la figura de servicio mínimo. Esto implica que, durante al menos tres días, cientos de miles de personas podrían quedar sin transporte para ir a sus trabajos, escuelas o centros de salud. Los gremios afirman que llegaron a esta “decisión dolorosa” tras una asamblea interna, una frase que se repite casi como un guion en cada anuncio de medida de fuerza.
En una movida que sorprendió incluso dentro del propio sector, ahora los empresarios proponen que el subsidio deje de ser transferido a las empresas y pase a ser acreditado directamente a las tarjetas de los usuarios. Este planteamiento implicaría una ruptura total con el modelo defendido por Cetrapam durante años y plantea interrogantes sobre el verdadero estado financiero y operativo de las empresas del sector.
Advertencias desde el sector empresarial
Desde Cetrapam aseguran que actualmente ya hay un 15 % de la flota fuera de circulación por falta de recursos. Señalan además que existen retrasos salariales, problemas de mantenimiento y una creciente incertidumbre sobre la continuidad del servicio. Según los gremios, la deuda del Estado con las empresas ronda los G. 70.000 millones, es decir, cerca de USD 9 millones. Este retraso, advierten, compromete no solo la operatividad diaria, sino también el salario de los trabajadores y la estabilidad del sistema en general.
Propuestas alternativas: ¿subsidio directo al usuario?
Frente al creciente descrédito del actual esquema, distintas voces, como la del senador Líder Amarilla, proponen una transformación radical, redirigir el subsidio estatal al usuario final a través del billetaje electrónico, eliminando así la intermediación empresarial. Esto permitiría, argumentan, un mayor control del uso de los fondos y estimularía la competencia entre operadores para ofrecer mejores servicios.
La propuesta aún no fue debatida formalmente, pero comienza a ganar terreno en el debate público, sobre todo ante el hartazgo ciudadano por un sistema que no responde.
Usuarios, los grandes perjudicados
Como en cada conflicto entre empresarios y Gobierno, los más afectados son los ciudadanos. Personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o atender necesidades básicas, y que una vez más quedan atrapadas entre la ineficiencia oficial y la presión del sector privado. Durante los últimos días, con temperaturas que rozaron los 5 °C, se volvió común ver a pasajeros esperando más de una hora en paradas atestadas y sin garantías de que el bus llegue.
Muchos deben recurrir a aplicaciones de transporte, remises o taxis, lo que implica un gasto que no todos pueden afrontar. Esta exclusión silenciosa profundiza las desigualdades sociales y deja al descubierto la fragilidad de un sistema que debería ser público, accesible y digno.
El conflicto actual no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de un modelo agotado. Un esquema de transporte caro, ineficiente, subsidiado y con poca o nula supervisión estatal. Empresarios que se escudan en la necesidad de subsidios pero ofrecen un servicio deficiente, autoridades que prometen reformas que no llegan, y ciudadanos que siguen esperando soluciones mientras caminan o pagan de más por alternativas privadas.
Sin una decisión firme, técnica y política para transformar el sistema de raíz, la amenaza de paros, las reguladas silenciosas y la precariedad cotidiana seguirán marcando la rutina de millones de paraguayos.