El informe también revela que un 23% de los casos involucra a personas entre 30 y 40 años, mostrando así que el abuso sexual infantil es un problema que se extiende en diferentes franjas etarias. A esto se suma otro dato estremecedor, el 80% de los casos ocurre dentro del propio entorno familiar, es decir, los agresores no son extraños, sino padres, padrastros, tíos, primos, hermanos, vecinos o conocidos cercanos a las víctimas.
Los departamentos que más concentran estas denuncias son Central, Asunción, Alto Paraná y San Pedro, donde las instituciones enfrentan una creciente demanda de atención y acompañamiento a víctimas.
Penas más severas
Frente a este panorama, Paraguay dio un paso importante con la promulgación de una ley que endurece las penas contra el abuso sexual infantil. La normativa modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal, estableciendo castigos más severos, especialmente en los casos más graves.
Entre los principales cambios, se establece que el abuso sexual mediante coito en menores de 10 años tendrá una pena mínima de 15 años de cárcel, que puede extenderse hasta 30 años, dependiendo de la gravedad del hecho.
Además, la ley amplía la protección legal a las víctimas, tipificando nuevas formas de violencia sexual y agravando las sanciones en situaciones específicas.
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, valoró la nueva normativa y aseguró que forma parte de una política de protección integral. “La promulgación de esta ley es un paso crucial que se suma a otras acciones, como las campañas de prevención y los rescates de niños y niñas en situación de riesgo”, indicó.
También mencionó que, solo en el último año, más de 160 menores fueron rescatados en operativos llevados a cabo en distintas zonas del país.
El abuso deja heridas invisibles
Más allá del aumento de las penas, los especialistas advierten que el impacto del abuso sexual infantil deja huellas profundas, que en muchos casos acompañan a la víctima toda la vida.
La psicóloga clínica Lucía Ayala, especialista en trauma infantil, explicó que las víctimas suelen desarrollar síntomas graves como ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio, problemas de alimentación, baja autoestima, retraimiento social y dificultades en el aprendizaje.
“Es un dolor que muchas veces no se ve, pero que afecta todas las áreas de la vida del niño o niña. Hay quienes desarrollan fobias, otros sienten culpa o vergüenza, y algunos incluso intentan autolesionarse o llegan a tener pensamientos suicidas”, advirtió.
Ayala explicó que el abuso dentro del círculo familiar es especialmente devastador, ya que la víctima pierde su red de confianza y protección. “Cuando el agresor es alguien cercano, el niño no solo sufre la agresión en sí, sino también la traición y la pérdida de seguridad en su entorno. Esto provoca un daño emocional mucho más profundo y complejo de tratar”, señaló.
¿Qué deben hacer los familiares?
La psicóloga recomendó que, ante la sospecha o confirmación de un abuso, la familia actúe con rapidez, pero también con serenidad.
“Lo primero es creerle al niño o niña. No cuestionarlo ni minimizar lo que cuenta. Muchas víctimas dejan de hablar por miedo a no ser tomadas en serio o a que les echen la culpa”
También recomendó evitar interrogar a la víctima en exceso o presionarla para obtener detalles. “El rol de la familia debe ser de contención y acompañamiento. La intervención profesional es fundamental para guiar el proceso, tanto psicológico como judicial”, explicó.
Ayala advirtió sobre un error común: la sobreprotección extrema o el aislamiento de la víctima. “Alejarlo de la escuela, prohibirle salir o limitar su socialización puede ser contraproducente. Es necesario ayudarle a recuperar la sensación de normalidad, siempre con acompañamiento psicológico”, sostuvo.
Una deuda pendiente: la prevención
Aunque la nueva ley representa un avance importante, los especialistas coinciden en que la lucha contra el abuso sexual infantil no puede centrarse únicamente en el castigo.
“El aumento de penas es solo una parte de la solución. La verdadera prevención implica educación sexual integral, campañas de concienciación y un cambio cultural profundo”, afirmó Ayala.
El Ministerio de la Niñez también advierte que Paraguay necesita invertir más en sistemas de detección temprana, en registros unificados de casos y en la articulación efectiva entre escuelas, hospitales, policías y fiscalías.
El documento oficial subraya que la protección efectiva debe sustentarse en “una mayor inversión pública, la mejora de los sistemas de estadísticas, la atención integral a las víctimas y la promoción activa de leyes específicas contra la violencia y la trata”.
El abuso sexual infantil no es un tema privado, sino una crisis social que requiere de la acción conjunta de familias, escuelas, instituciones y autoridades. Solo un trabajo integral podrá ofrecer a los niños y niñas del país el derecho más básico: crecer seguros y libres de violencia, acotó la profesional.