El nuevo paro del transporte público amenaza con paralizar parte del Área Metropolitana de Asunción. La medida de fuerza, convocada por los gremios CETRAPAM y UCETRAMA para los días lunes 21 y miércoles 23 de julio, podría dejar sin medios de movilidad a cientos de miles de trabajadores, con fuertes consecuencias económicas, logísticas y sociales, según alertan especialistas.
De acuerdo con el especialista en empleos Enrique López Arce, el 34% de los trabajadores directamente no acudiría a sus puestos de trabajo si se concreta el paro, por no contar con medios alternativos de transporte. “Son trabajadores que ya no intentan llegar a sus lugares de trabajo porque no tienen otra opción de movilidad. Se resignan a perder el día”, explicó.
El dato cobra mayor relevancia si se considera que, según cifras conjuntas de CETRAPAM, UCETRAMA y el Viceministerio del Transporte, alrededor de 350.000 paraguayos utilizan el transporte público a diario en Asunción y Gran Asunción, lo que representa al menos el 20% del total de la población económicamente activa que se moviliza diariamente en la zona, estimada en 1.300.000 personas.
Pérdidas millonarias por cada jornada de paro
El impacto no se limita solo al ausentismo laboral. López Arce advirtió que, tomando como base el jornal mínimo legal, el país enfrentaría una pérdida económica estimada en G. 22.400 millones por día de paro. Esta cifra representa ingresos no percibidos por miles de trabajadores que no podrán cumplir con sus jornadas laborales y, por tanto, no cobrarán por ese día.
“Estamos hablando de trabajadores que dependen del cobro diario para alimentar a sus familias. Muchos trabajan en la construcción, en el sector informal, en servicios, y si no llegan, no cobran. Esta situación podría empujar a más familias a la pobreza”, enfatizó.
Además del perjuicio económico, los paros de transporte suelen provocar una saturación del tráfico vehicular, ya que muchas personas recurren a taxis, vehículos particulares, mototaxis o incluso caminatas prolongadas para llegar a sus destinos.
“Los días de paro hay mucho más tráfico, más estrés y más accidentes. Es una situación caótica para todos”
Una necesidad que se convierte en prioridad
Para el trabajador paraguayo, la movilidad es una prioridad tan urgente que muchas familias, al recibir un ingreso adicional, lo destinan a la compra de una motocicleta. “Eso demuestra que el transporte no es una comodidad, sino una necesidad vital. Muchos trabajadores terminan endeudándose para poder moverse sin depender del servicio público, porque saben que es inestable”, explicó López Arce.
El Gobierno busca evitar el paro mediante el diálogo
Ante la inminencia del paro, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó a una mesa tripartita, con participación del Gobierno, los gremios del transporte y representantes laborales. Según el viceministro del Trabajo, César Segovia, durante las reuniones se lograron avances significativos, aunque no se alcanzó aún un acuerdo definitivo que permita suspender la medida de fuerza.
“Nosotros habíamos convocado esta instancia conforme a la normativa, porque es obligación del Ministerio hacerlo ante una medida de fuerza, más aún tratándose de un servicio público declarado como imprescindible por el artículo 98 de la Constitución Nacional”, explicó Segovia.
Durante la audiencia participaron los gremios CETRAPAM y UCETRAMA, que reiteraron sus reclamos vinculados al cumplimiento de compromisos económicos por parte del Estado, especialmente en lo referente al pago del subsidio por el servicio prestado. Por su parte, el Ministerio de Transporte presentó alternativas de solución y el Ministerio de Trabajo actuó como mediador.
“Existieron algunos puntos en coincidencia, por eso fue necesario decretar un cuarto intermedio. Creemos que aún es factible llegar a un acuerdo y evitar el paro si se cumplen ciertas condiciones mínimas”, sostuvo el viceministro.
¿Se puede suspender legalmente el paro?
Consultado sobre la posibilidad de suspender la huelga por vía legal, Segovia afirmó que el Ministerio cuenta con esa facultad excepcional en caso de que existan condiciones objetivas que pongan en riesgo la negociación y los derechos colectivos.
“El año pasado tuvimos un caso en el que suspendimos una huelga por 22 días y, durante ese tiempo, se logró un acuerdo entre las partes. Si volvemos a encontrarnos en una situación similar, no descartamos aplicar nuevamente esta figura legal”, explicó el viceministro.
El contexto se presenta delicado. Por un lado, los transportistas insisten en la falta de cumplimiento por parte del Estado y la necesidad de una revisión tarifaria o medidas compensatorias. Por otro, los trabajadores y empleadores temen el impacto inmediato de una paralización que podría afectar seriamente la productividad, la economía familiar y la movilidad urbana.
Mientras tanto, la ciudadanía espera una solución urgente que evite el colapso del sistema de transporte y la afectación directa a miles de personas que dependen del bus para poder ganarse el sustento diario.