La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados, apunta a cambiar no solo la fiscalización estatal, sino también la conducta ciudadana ante un enemigo que cada año demuestra su capacidad de adaptación y expansión.
Un escenario epidemiológico que exige respuestas contundentes
La historia reciente de Paraguay está marcada por brotes sucesivos de dengue, chikungunya y zika que saturaron los servicios de salud, provocaron pérdidas económicas y obligaron al país a activar repetidas emergencias sanitarias. Aunque la situación actual parece más controlada, la Vigilancia de la Salud advierte que el riesgo sigue vigente y que los números vuelven a mostrar señales de incremento.
El reporte más reciente registra un promedio de 570 notificaciones semanales de casos sospechosos de dengue. Durante las semanas epidemiológicas 45, 46 y 47 se confirmaron casos en Itauguá y en el Bañado Cara Cara de Asunción. No se reportan hospitalizaciones ni víctimas fatales, pero el comportamiento del virus genera preocupación porque 14 departamentos ya presentan aumentos en las consultas por síntomas compatibles con dengue.
Con respecto al chikungunya, el país continúa con 51 casos acumulados en lo que va del año y ningún contagio reciente. La vigilancia mantiene a Paraguay libre de zika y del virus oropouche, aunque la recomendación oficial es no bajar la guardia. La presencia del mosquito, recuerdan los especialistas, es la antesala de cualquier brote.
La propuesta legislativa: un sistema más estricto y coordinado
El proyecto de ley presentado por los diputados Liz Acosta, Jorge Barressi y Miguel Ángel Del Puerto busca establecer una estructura más sólida para prevenir y combatir criaderos, especialmente en áreas urbanas, donde se concentra la mayor cantidad de contagios y donde el mosquito encuentra mayor facilidad para reproducirse.
La normativa impone responsabilidades claras para propietarios, poseedores y encargados de inmuebles. La regla es simple pero estricta: todo predio debe mantenerse libre de posibles criaderos, tanto en espacios visibles como en rincones menos evidentes, como techos, canaletas, patios traseros, registros pluviales o depósitos de agua.
El apartado correspondiente a las sanciones es uno de los más robustos del documento. Contempla:
• Multas desde 20 hasta 2.000 jornales mínimos, aplicadas según el nivel de infracción.
• Procesos penales con penas que van de 6 a 24 meses de prisión o multas de 100 a 500 jornales.
• Agravantes especiales que pueden elevar la sanción hasta 5 años de cárcel, en casos como reincidencia, abandono de propiedades con criaderos evidentes, zonas de alta morbilidad o vigencia de una emergencia sanitaria.
La aplicación de estos controles recaería en cuatro organismos clave: el Ministerio de Salud, SENEPA, el MADES y los gobiernos municipales. La propuesta busca que estas instituciones trabajen bajo un modelo de coordinación y respuesta rápida, algo que históricamente constituyó uno de los puntos débiles en la lucha contra el dengue.
Un salto tecnológico: drones, apps y mapas de calor
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de tecnologías avanzadas para fiscalizar predios urbanos. El texto propone herramientas que permitirán detectar criaderos desde el aire y agilizar la respuesta institucional:
• Drones equipados con cámaras de alta resolución, capaces de identificar acumulaciones de agua en techos, canaletas y terrenos amplios.
• Aplicaciones móviles de reporte ciudadano, mediante las cuales vecinos podrán señalar posibles focos.
• Sistemas de georreferenciación, que permitirán construir mapas de calor para identificar barrios críticos.
• Bases de datos integradas entre instituciones, con información disponible en tiempo real para agilizar inspecciones, sanciones y acciones correctivas.
Además, la ley exige que las inspecciones se realicen como mínimo cada tres meses en zonas densamente pobladas, aunque el período podría acortarse en situaciones de riesgo epidemiológico. Para garantizar transparencia, los resultados deberán publicarse en plataformas digitales oficiales, permitiendo a la ciudadanía acceder a información actualizada sobre su barrio y su municipio.
Una batalla dentro de los hogares: la prevención sigue siendo la clave
Aunque el proyecto plantea medidas firmes, los especialistas coinciden en que el 70% de los criaderos detectados históricamente se encuentran en viviendas particulares. Por eso, el combate al dengue exige una participación activa de la ciudadanía.
Las acciones recomendadas incluyen:
• Retirar de los patios cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua, desde tapitas hasta electrodomésticos en mal estado.
• Guardar neumáticos bajo techo o cubrirlos correctamente.
• Mantener piscinas en condiciones adecuadas de cloración.
• Asegurar que tanques, depósitos y tambores estén tapados herméticamente.
• Cambiar diariamente el agua de floreros y macetas, y limpiar los recipientes con agua, jabón y cepillo.
• Renovar el agua de los bebederos de animales todos los días, con limpieza previa.
• Evitar la acumulación de basura u hojas en registros o canaletas que puedan estancar el agua.
Estas acciones, que parecen simples, pueden interrumpir el ciclo reproductivo del mosquito y evitar que una zona se convierta en epicentro de contagios.
Un desafío de salud pública que requiere constancia
La posible aprobación de esta ley representa un giro importante en la forma de enfrentar uno de los problemas de salud pública más persistentes del país. Sin embargo, los expertos remarcan que ningún proyecto legislativo puede reemplazar la responsabilidad individual.
Paraguay ya conoce las consecuencias de subestimar un brote: hospitales saturados, filas interminables, personal sanitario agotado y miles de familias afectadas. Por eso, las autoridades consideran que este proyecto combina tres pilares claves: prevención, fiscalización y tecnología, un trinomio necesario para anticiparse al mosquito y no volver a vivir crisis epidemiológicas como las del pasado.