La iniciativa, que pretendía devolver a las municipalidades el control directo sobre la emisión de licencias de conducir y otros trámites administrativos, fue desechada por la bancada oficialista en un movimiento que, para la oposición, evidencia un blindaje político hacia una entidad fuertemente cuestionada por su falta de transparencia.
Qué es la OPACI y por qué genera polémica
La OPACI es una organización privada que desde hace años mantiene convenios con intendencias —principalmente de partidos tradicionales— para intermediar en trámites que, por ley, son competencia exclusiva de los municipios. Entre sus principales actividades están la gestión de licencias de conducir y la tramitación de operaciones inmobiliarias.
Según datos oficiales, la OPACI recauda aproximadamente 75 mil millones de guaraníes al año, distribuidos en unos 50 mil millones por bienes raíces y 20 mil millones por registros de conducir. Cada ciudadano que renueva su licencia paga G. 10.500 directamente a esta ONG, sin que esos fondos sean transferidos posteriormente a los municipios.
Para la diputada Vallejo, este esquema no solo es inconstitucional, sino que representa un vaciamiento de recursos públicos hacia una entidad que no rinde cuentas. “Pedí informes, pero no contestaron nada”, dijo.
“Evaden las respuestas y mientras tanto se quedan con plata ajena”
Presupuesto millonario sin destino claro
El presupuesto anual de la OPACI ronda los 70 mil millones de guaraníes, pero, según Vallejo, no existe información precisa sobre en qué se gasta ese dinero. La Agencia Nacional de Tránsito, por su parte, continúa exigiendo que cada usuario de una licencia de conducir aporte a la OPACI, sin que exista un mecanismo de control sobre la administración de esos recursos.
La legisladora también puso en duda la legitimidad de ciertas actividades de la organización, como campañas oftalmológicas realizadas en convenio con municipios. “No es una función que se pueda delegar a un organismo sin competencia en el tema. Esto es solo una excusa para justificar su permanencia”, cuestionó.
Una entidad con protección política
Para Vallejo, el caso OPACI refleja un patrón de protección política dentro del oficialismo. “Es una institución defendida por algunos diputados a toda costa. Ni siquiera se permite discutir el tema en el pleno. Es impresionante cómo se evita el debate cuando se trata de la OPACI”, señaló.
La parlamentaria incluso ironizó sobre la jerarquía de intereses que, según ella, existe en ciertos sectores del Congreso: “Parece que primero está el Vaticano y luego la OPACI”.
Llamado a controlar las ONG
La diputada instó al presidente Santiago Peña a reglamentar la denominada “ley garrote” para el control de organizaciones no gubernamentales, de modo a habilitar auditorías a entidades como la OPACI. “Si el presidente la reglamenta, vamos a llenarle de pedidos de informes. Así vamos a poder exigir rendición de cuentas a quienes hoy están fuera del alcance del control público”, expresó.
Sin herramientas legislativas
Vallejo lamentó que, por tratarse de una entidad privada, el Congreso no pueda fiscalizarla directamente, a diferencia de las instituciones públicas. “Finalmente, nos quedamos sin herramientas en el Legislativo. Podemos pedir informes a instituciones públicas, pero no a privadas como la OPACI. Y mientras tanto, los municipios pierden recursos que les pertenecen por derecho”, advirtió.
La legisladora recordó que la Ley Orgánica Municipal establece que las competencias en materia de tránsito y gestión inmobiliaria corresponden exclusivamente a los municipios, por lo que la intermediación de la OPACI, en su opinión, “raya lo inconstitucional”.