Una de las modificaciones clave establece que las municipalidades y Policía Nacional serán las encargadas de aplicar esta iniciativa. Las multas recaudadas por violaciones a esta ley tendrán un uso específico: la elaboración de programas y proyectos de concienciación y capacitación sobre el impacto de la emisión de ruidos y la importancia de prevenir su generación. Este enfoque educativo pretende fomentar una cultura de respeto y consideración hacia el bienestar comunitario.
Para denunciar casos de polución sonora, la ciudadanía puede recurrir a la Comandancia de la Policía Nacional. Este organismo es responsable de proveer instrumentos de medición de decibeles a cada comisaría del país, asegurando que estos dispositivos estén calibrados adecuadamente por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). La Policía Nacional tiene la potestad de incautar los aparatos que generen ruidos que excedan los niveles permitidos, previa constatación.
La relevancia de esta problemática queda evidenciada por el hecho de que los ruidos molestos constituyen el segundo motivo de llamadas al Sistema 911 de Emergencia, solo superados por los casos de violencia intrafamiliar, según la Policía Nacional.
Según la normativa, se considera ruido molesto a cualquier sonido que, por su intensidad, duración o frecuencia, supere los niveles máximos permitidos y cause molestia, perjuicio o daño a la salud y el bienestar de las personas.
Precedente histórico
En un precedente judicial sin igual, un empresario del sector del entretenimiento fue sancionado con una condena de dos años de cárcel, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, por emitir ruidos molestos en su local. Además, otros cuatro establecimientos nocturnos están actualmente imputados por el mismo delito.
Este marco legal y su implementación buscan no solo sancionar a los infractores, sino también educar y prevenir, creando un entorno más saludable y armonioso para todos los habitantes.