Esta práctica, muchas veces naturalizada por la sociedad y sostenida por factores culturales y económicos, implica la entrega de niños, niñas o adolescentes –en su mayoría provenientes de familias en situación de pobreza extrema o del interior del país– a otras familias para realizar tareas del hogar a cambio de techo, comida y, en algunos casos, educación.
A pesar de su aparente carácter “solidario”, el criadazgo reproduce dinámicas de explotación y violencia estructural. Así lo advirtió Natalia Sosa, defensora adjunta del Pueblo, durante un encuentro virtual en el que se abordaron los desafíos pendientes para erradicar el trabajo infantil en el país.
Llamado de atención ante propuestas legislativas preocupantes
En un conversatorio que fue organizado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CNETI), reunió a representantes de instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La principal preocupación compartida fue el surgimiento de proyectos legislativos que, lejos de reforzar la protección a la niñez, abren la puerta a la relativización del criadazgo.
“El trabajo infantil doméstico, cuando se da en el marco del criadazgo, constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe ser erradicado de forma urgente. No podemos permitirnos retroceder”, sostuvo con firmeza Sosa.
En ese sentido, recordó que el criadazgo está prohibido en Paraguay desde el año 2005, a través de la Ley 1657/01 y su inclusión en la lista de actividades peligrosas para niños y adolescentes.
Sin embargo, señaló que la normativa vigente no establece sanciones penales específicas contra quienes lo practican o promueven. Por eso, algunas propuestas recientes buscaban modificar la ley para incorporar penalizaciones, pero el debate legislativo abrió un espacio en el que sectores conservadores intentaron justificar esta práctica como una “tradición cultural” o una “ayuda mutua” entre familias.
La posición de la OIT: cumplimiento de normas internacionales
Durante el evento también participó Sergio Pardo, especialista regional en Normas Internacionales de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien brindó una charla en la que destacó el compromiso internacional que tiene Paraguay al haber ratificado convenios clave como el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.
Pardo remarcó que el criadazgo, además de ser incompatible con los derechos fundamentales del niño, contradice las normas internacionales que establecen que el trabajo doméstico infantil vulnera el derecho a la educación, al descanso, al desarrollo y a vivir en un entorno libre de violencia.
“El criadazgo no puede entenderse como una forma de empleo ni como un acto de solidaridad”
El mismo señala que es una forma encubierta de esclavitud moderna que, además, coloca a niños y niñas –especialmente del sector rural– en una situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo riesgo de abuso físico, psicológico y sexual.
¿Retroceso o avance? El peligro de normalizar la violencia
La defensora adjunta del Pueblo reiteró que el problema no se limita solo a la existencia de esta práctica, sino a su persistente normalización social, que muchas veces impide que se la identifique como una forma de violencia. “Lo que preocupa es que se empiece a discutir en el Parlamento Nacional sobre si el criadazgo debe mantenerse como una ‘tradición’ o si debería regularse. El enfoque debe ser claro: debe eliminarse completamente, y no volver a formar parte de nuestras prácticas sociales ni culturales”, subrayó.
“Es un retroceso incluso plantear estas discusiones en términos que relativicen los derechos de la infancia. Ya dimos pasos importantes como país en la erradicación del trabajo infantil, y no podemos permitir que, por presiones políticas o económicas, se minimicen violaciones tan graves”, añadió.
Contexto regional: señales de alerta desde otros países
Durante la charla también se abordó lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde se está evaluando modificar leyes laborales para permitir que menores de edad trabajen legalmente en sectores donde escasea la mano de obra, como la agricultura. Esta iniciativa ha generado una fuerte crítica por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre un peligroso precedente.
Este tipo de decisiones, según los expertos, pueden servir de ejemplo para justificar prácticas como el criadazgo en países donde aún existen deudas estructurales en materia de protección social.
Urgencia en erradicar el criadazgo desde todos los frentes
Las instituciones participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas públicas de protección a la infancia, garantizar el acceso universal a la educación y generar condiciones para que las familias no se vean forzadas a entregar a sus hijos a terceros.
También se propuso intensificar las campañas de concienciación sobre los daños del criadazgo y fortalecer el trabajo interinstitucional para identificar, intervenir y sancionar a quienes perpetúan esta práctica.
“No se trata solo de prohibir, sino de prevenir, proteger y sancionar. Cada niño o niña en situación de criadazgo es una víctima de un sistema que les ha fallado, y como Estado y sociedad tenemos la obligación de responder”, concluyó Natalia Sosa.
Cifras que preocupan
Aunque no existen datos oficiales actualizados, estimaciones realizadas por ONG especializadas señalan que miles de niñas y adolescentes, en su mayoría del interior del país, viven bajo condiciones de criadazgo en zonas urbanas, especialmente en Asunción y ciudades del área metropolitana.