Días tras, el Senado aprobó elevar a 15 años la pena máxima a adolescentes, misma que actualmente es solo hasta 8 años. Esto, a raíz de la cantidad de casos de asaltos, incluso de asesinatos, cometidos por adolescentes, que se dieron en las últimas semanas y que generó mucha preocupación en la ciudadanía.
Sin embargo, esta decisión no es para nada correcta, ni mucho menos significará una solución a la problemática, según expertos en criminología y derecho constitucional.
Juan Martens, máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad, fue claro al mencionar que “aumentar la pena no tiene ningún sentido. No hay ninguna evidencia empírica en el mundo que diga que encerrando a la gente se convierte en mejor persona, y mucho menos, que las penas altas disminuyan los delitos”.
Incluso, recordó que en los países en donde hay pena de muerte, se siguen cometiendo delitos, asesinatos, etc., por lo que, ello demostraría que la comisión de delitos no guarda relación con más o menos año de cárcel.
Un “populismo punitivo”
Para el abogado, la idea del aumento de la pena a adolescentes “se llama populismo punitivo, que significa calmar la ansiedad de la gente elevando las penas.”
“Aumentar la pena no tiene ningún sentido. No hay ninguna evidencia empírica en el mundo que diga que encerrando a la gente se convierte en mejor persona”
“Además, va contra toda evidencia de lo que va ocurriendo en Paraguay, ya que hay menos adolescentes infractores, menos encierros adolescentes, y se dan más bien casos aislados, excepcionales, que merecen una intervención integral, educación, salud, salud mental y sistemas de contención, si realmente se quiere prevenir conductas agresivas”, explicó, añadiendo por último que: “lo que se va a lograr es calmar la ansiedad, pero no va a tener ningún efecto en la comisión de delitos.”
Políticas públicas que combatan la pobreza y la exclusión
Por su parte, Shirley Franco, profesora en Derecho Constitucional, comentó que en vez de un aumento en la pena, más bien se precisa de voluntad política por parte de entes del gobierno, con políticas públicas coordinadas entre distintas instituciones, que busquen contribuir con el desarrollo integral y el establecimiento de mecanismos de prevención de situaciones delictivas, y más.
“El derecho penal es la última ratio a la que debe acudir un Estado. Si acude a esta solución es porque fallaron todas las demás”
“Las políticas públicas con relación a niños, niñas y adolescentes tienen que ser integrales tales como: atención a la primera infancia, inclusión educativa evitando la deserción escolar, promover políticas con los gobiernos locales artísticas y deportivas, etc., es decir, promoción de la inclusión de los adolescentes en espacios seguros, porque el problema real es la pobreza y la exclusión de este sector tan importante”, declaró.
Todo lo mencionado por la profesional, es con la finalidad de garantizar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, quienes debido a su factor condicionante que es la edad, sumado a la pobreza y a la exclusión se vuelven totalmente vulnerables para grupos criminales.
“Al no tener acompañamiento ni contención emocional de las instituciones, su única salida es la criminalidad ante un Estado ausente. El derecho penal es la última ratio a la que debe acudir un Estado. Si acude a esta solución es porque fallaron todas las demás”, sentenció.