A pesar de contar con leyes específicas y unidades especializadas dentro del sistema judicial, el fenómeno no solo persiste, sino que se adapta a nuevos contextos sociales, económicos y tecnológicos, ampliando sus rutas hacia países vecinos y hacia Europa. Las organizaciones criminales se aprovechan de la pobreza, la falta de oportunidades y la desinformación para captar víctimas, principalmente mediante falsas promesas de trabajo o estudios en el extranjero.
En una reciente jornada de reflexión realizada en la Basílica de Caacupé, autoridades, representantes de la Iglesia y funcionarios del sistema judicial pusieron sobre la mesa la urgencia de visibilizar este delito, que muchas veces permanece oculto por miedo, vergüenza o desconocimiento de las víctimas. Desde la Fiscalía se remarcó que, si bien el país posee una legislación considerada avanzada en la región, los esfuerzos de prevención aún no logran frenar el crecimiento de los casos.
Las investigaciones revelan que el mecanismo más común de captación continúa siendo el ofrecimiento de empleos atractivos, especialmente a jóvenes y mujeres de sectores vulnerables. Muchas personas aceptan viajar sin información clara sobre el destino ni las condiciones reales de trabajo, confiando en intermediarios que luego las entregan a redes de explotación. En algunos casos, las víctimas son trasladadas incluso a países donde Paraguay no cuenta con representación diplomática, lo que dificulta la asistencia consular, la repatriación y el seguimiento judicial.
Paraguay en el mapa de la trata internacional
El problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se observan los datos en el exterior. En España, por ejemplo, las personas de nacionalidad paraguaya figuran entre los principales grupos de origen de víctimas de trata, particularmente en casos de explotación sexual. Este dato confirma que las redes operan de manera transnacional, con reclutadores locales y estructuras consolidadas en países de destino.
Dentro del territorio nacional, los registros del Ministerio Público muestran una alta concentración de denuncias en departamentos como Alto Paraná y Central, zonas caracterizadas por un intenso movimiento comercial y fronterizo. En contraste, en el Chaco paraguayo se manifiesta una modalidad distinta pero igualmente grave: la explotación de comunidades indígenas mediante trabajos forzados bajo el sistema de servidumbre por deudas, donde las personas quedan atrapadas durante años sin posibilidad real de liberarse.
También se documentaron casos relacionados con labores agropecuarias en condiciones inhumanas y con actividades ilícitas en zonas fronterizas, donde las víctimas son utilizadas como mano de obra o como parte de redes de tráfico de drogas y otros delitos. Esta diversificación demuestra que la trata no se limita a la explotación sexual, sino que abarca múltiples formas de abuso económico y social.
Una realidad compartida en América Latina
La situación paraguaya se inscribe en un contexto regional alarmante. En América del Sur, las fronteras extensas y, en muchos casos, con escaso control facilitan el traslado ilegal de personas hacia países como Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. Las víctimas son explotadas en sectores como la agricultura, la minería informal, el trabajo doméstico y la prostitución forzada.
Organismos internacionales advierten que cerca del 70% de las personas afectadas por la trata son mujeres y niñas, y que tres de cada cuatro casos están vinculados a la explotación sexual. Sin embargo, la explotación laboral va en aumento, especialmente en economías informales donde la fiscalización es débil y la necesidad de empleo empuja a aceptar condiciones abusivas.
En este marco, encuentros organizados por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, han insistido en la necesidad de consolidar una política pública nacional sólida. Especialistas subrayan que no basta con operativos policiales aislados: se requiere coordinación entre instituciones, presupuesto sostenido y programas de atención integral para las víctimas.
Prevención, el eslabón más débil
Uno de los principales desafíos reconocidos por las autoridades es la falta de recursos humanos y técnicos suficientes para enfrentar el volumen de casos. A esto se suma la carencia de estadísticas completas y actualizadas, lo que dificulta dimensionar con precisión el alcance del delito. No obstante, fiscales y organizaciones sociales coinciden en que las víctimas se cuentan por miles.
La prevención aparece como el punto más vulnerable de la estrategia nacional. Las campañas de concienciación aún no llegan de forma efectiva a comunidades rurales, pueblos indígenas y barrios periféricos, donde las promesas de trabajo fácil resultan más creíbles. Expertos señalan que combatir la trata implica también abordar problemas estructurales como la pobreza, la falta de acceso a educación y empleo digno, y la migración forzada por razones económicas.
Asimismo, la cooperación regional e internacional se vuelve indispensable para desarticular redes que operan a través de varios países. El intercambio de información, la asistencia judicial mutua y los mecanismos de protección transfronteriza para víctimas son claves para enfrentar un delito que no reconoce límites geográficos.
La trata de personas en Paraguay, lejos de ser un fenómeno aislado, forma parte de una compleja red regional e internacional que continúa expandiéndose. Visibilizar la problemática, fortalecer la prevención y garantizar justicia y reparación para las víctimas son pasos urgentes para frenar una de las formas más crueles de explotación del siglo XXI.