El último jueves, la fiscalía formuló una nueva imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Wilfrido Cáceres, quien fuera director de la Administración de la Municipalidad de Asunción.
Dicha imputación también recae sobre su esposa Ruth Da Silva, Camila Ramírez Gómez y la madre de esta última. Todo, a partir de un dictamen de la Contraloría advirtiendo sobre una ausencia de correspondencia de todos los bienes declarados de Cáceres y su esposa.
Dicho informe habla de compra de vehículos por valor de USD 60 mil, además de inversiones por un aproximado de G. 5.700 millones.
María Esther Roa, abogada y activista, aseguró que Cáceres debe urgentemente ofrecer explicaciones sobre esto que genera sospechas sobre su persona. “Wilfrido Cáceres debería dar una explicación urgente, pero al estar procesado penalmente, será la fiscalía quien dé a conocer las razones por la cual un ‘púber delincuente’ que presumió todos sus lujos, vehículos, mansiones, y buen pasar en plena pandemia cuando la ciudadanía sufría el dolor y la desesperación; robó a los asuncenos”, dijo contundentemente.
“De otra forma jamás podría llevar la vida lujosa en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que sus ingresos eran menos de G. 10 millones por mes”, agregó además la profesional.
Hasta esclarecer el hecho
Por otro lado, Roa rescató la objetividad del agente fiscal Silvio Corbeta en cuanto al caso. “La ventaja es que el agente fiscal es objetivo, conoce su trabajo; ahora bien, le corresponde a Emiliano Rolón (Fiscal General del Estado), apoyar a su subalterno proveyendo de todo lo necesario para que se pueda lograr esclarecer los hechos punibles en el plazo fijado por el juzgado”, refirió.
Seguidamente, se refirió a las penas a las que se estaría exponiendo Cáceres, siempre y cuando se confirmen estos hechos. “El tipo penal de enriqueciendo ilícito tiene una expectativa de hasta 10 años y el lavado de activos 5 años. Así que, como sociedad paraguaya que sufre las consecuencias de la corrupción, debemos seguir y controlar este proceso penal hasta lograr una condena ejemplar para desalentar la práctica de la corrupción”, explicó.
Finalmente, lamentó la “precariedad” en la que se maneja de la Unidad Especializada de Delitos Económicos. “Jamás podríamos avanzar en la lucha contra la corrupción si no se fortalecen las unidades especializadas. Paraguay es el 2do país más corrupto de sudamérica y solo tenemos 10 agentes fiscales, sin infraestructura, tecnología, peritos, recursos humanos etc., para investigar toda la corrupción de nuestras autoridades”.