El economista Raúl Monte Domecq plantea un reajuste del 24% para compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar una vida digna a las familias trabajadoras, como establece la Constitución.
La promesa de que el salario mínimo debe garantizar una vida digna se volvió letra muerta. Desde el fin de la dictadura en 1989, el costo de vida en Paraguay subió más del 2.000%, mientras que los reajustes acumulados del salario mínimo legal (SML) no lograron seguirle el ritmo. Como resultado, los trabajadores y sus familias hoy viven con un salario que perdió al menos el 24% de su valor real.
Así lo revela un informe técnico elaborado por el economista Raúl Monte Domecq a pedido de las centrales sindicales que integran la mesa de negociación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam). En base a un análisis de los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), el economista propone un reajuste del 24% del salario mínimo actual, lo que equivaldría a un aumento de G. 666.814.
Con este reajuste, el salario mínimo legal pasaría de G. 2.798.309 a G. 3.465.123 mensuales, simplemente para recuperar el valor que ha perdido con el tiempo. “No se trata de una mejora real. Esto es apenas lo necesario para igualar la inflación histórica y empatar el poder de compra que el salario tenía en años anteriores”, advierte el especialista.
Un retroceso que se arrastra desde hace 36 años
El análisis se remonta a 1989, cuando el salario mínimo fue fijado en G. 164.640 mensuales. Desde entonces, la inflación acumulada fue del 2.004,7%, pero los aumentos salariales suman solo 1.599,7%. Esta diferencia es lo que explica la caída del 24% en el poder adquisitivo del salario base.
“En 36 años se dio una pérdida sostenida que, año tras año, fue recortando lo que el trabajador puede comprar con su salario. Estas pérdidas son irrecuperables, y afectan directamente la calidad de vida de miles de familias paraguayas”, lamenta Monte Domecq.
Y agrega: “La Constitución Nacional es clara: el salario mínimo debe asegurar una existencia digna. Hoy eso no se está cumpliendo. Estamos muy lejos de garantizar ese derecho básico”.
No solo los trabajadores pierden: también el Estado deja de ganar
El economista remarca que el reajuste del salario mínimo no solo beneficiaría a los trabajadores formales, sino también al propio Estado, ya que muchos precios, tasas, aranceles, multas y tributos están directamente atados al salario mínimo legal.
En total, 263 municipios del país aplican automáticamente ajustes en sus tarifas y cobros cuando sube el salario mínimo. “Subir el salario no solo es un acto de justicia social, también es un movimiento económico inteligente. El Estado y los gobiernos locales verían incrementadas sus recaudaciones”, asegura.
Un reajuste insuficiente y una brecha que se agranda
A pesar del diagnóstico presentado, el reajuste decretado por el Gobierno a partir del 1 de julio de 2024 fue de apenas 3,6%, es decir, unos G. 100.000 más. Esta suba se basa en el índice de inflación calculado por el BCP, que informó una variación del 3,4%.
Sin embargo, Monte Domecq cuestiona este criterio: “Una cosa es ajustar el salario para empatar con la inflación del año. Otra cosa es reconocer la pérdida estructural que se arrastra desde hace décadas. Si queremos un aumento real, entonces el ajuste debe estar por encima de la inflación”.
Además, el economista recordó que la ley vigente, desde 2014, establece un mecanismo automático de ajuste anual del salario mínimo en base a la inflación oficial. “Esto funciona como un anclaje. Pero ese anclaje también ha servido para evitar discutir el deterioro acumulado del salario”, lamenta.
¿Es posible un aumento del 24%?
Para Domecq, la discusión no debería ser únicamente técnica, sino también política. “¿Qué hace un ministro de Hacienda cuando los datos oficiales dicen que la inflación fue del 3,4%, pero los sindicatos exigen un 24%? Hay una brecha enorme entre lo que la ley permite ajustar y lo que en realidad se necesita para vivir dignamente”, sostiene.
Y enfatiza que la ley permite al Ejecutivo considerar otros factores más allá de la inflación, como la situación socioeconómica, la pobreza, la informalidad laboral y el creciente descontento ciudadano, especialmente de la clase media.
“El país está viviendo una situación crítica. No solo por los números, sino por el nivel de insatisfacción de la población. Los salarios no alcanzan, la informalidad se expande y el costo de vida sigue en alza. Este ajuste no puede seguir siendo postergado”, concluye.