En Argentina, el Gobierno decidió recientemente incorporar nuevas restricciones dentro de su régimen migratorio, estableciendo entre otros puntos, que determinados actos considerados agravios contra el país podrán derivar en la prohibición de ingreso o incluso, la expulsión de extranjeros.
La medida fue formalizada por el presidente Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a quienes promuevan “mensajes de odio, discriminación o violencia contra ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad”.
Milei vinculó la medida con una serie de expresiones públicas consideradas ofensivas hacia la Argentina y sus habitantes, por lo que explicó: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó en el comunicado oficial.
¿Qué establece el nuevo decreto migratorio?
La norma, que primeramente se identifica como Decreto 681/2026, modifica las condiciones previstas para la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país.
Por tanto, en el artículo 1 del decreto incorpora como “causal migratoria” los casos en los que un extranjero haya “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
La disposición también incluye a quienes hayan “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.
Así, un extranjero que incurra en esas conductas podrá enfrentar una restricción para ingresar al país o, si ya cuenta con residencia en Argentina, una revisión de esa condición, hasta una posible expulsión.
Los argumentos del Gobierno para avanzar con la medida
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señaló que la Argentina mantuvo históricamente una política de recepción hacia ciudadanos extranjeros, aunque remarcó que el Estado tiene facultades para definir criterios sobre ingreso, residencia y permanencia dentro del territorio.
Según la postura oficial, estas herramientas buscan proteger el orden público, la seguridad interna y la cohesión social frente a situaciones que puedan afectar la convivencia entre los habitantes.
Cómo funcionará el proceso
El decreto establece que la cancelación de la residencia puede derivar en la obligación de abandonar el territorio nacional o en la expulsión efectiva, según las circunstancias particulares de cada caso.
Finalmente, en el artículo 3 señala que “la cancelación de la residencia conforme lo previsto en los incisos f) y h) del artículo 62 de la presente ley conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado”.
Paraguayos residentes en Argentina
Vale mencionar que, actualmente la colectividad paraguaya en Argentina es la comunidad de extranjeros más numerosa del país, representando aproximadamente el 27% del total de los inmigrantes.
Según los últimos censos de la Argentina, la gran mayoría de los paraguayos reside en la Provincia de Buenos Aires (más de 630.000) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (alrededor de 148.000). También existen poblaciones importantes en las provincias fronterizas de Formosa y Misiones.
Sin embargo, es bien sabido que históricamente se dan un muy buen trato entre argentinos y paraguayos en tierras argentinas, así como sucede en Paraguay con los argentinos radicados.
