Un primer aspecto que llama la atención es que esa ley no abarca solamente temas vinculados con la catástrofe ambiental, sino también cuestiones relacionadas con infraestructura, transportes, servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, desarrollo integral, uso de tierras urbanas y rurales, finanzas, tributación, seguridad ciudadana y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico. En resumen, le otorga al presidente una batería de amplísimos poderes por encima del Congreso que exceden los necesarios para enfrentar la delicada situación provocada por las inundaciones. Es simplemente concentración de poder.

¿Y por qué se apura en hacerlo antes de fin de año? Aquí está la clave. Pasa que en el actual parlamento el oficialismo tiene mayoría absoluta. Sin embargo, en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre la oposición consiguió 65 de las 165 bancas en juego, número suficiente para bloquear toda iniciativa de este tipo que requiere de una mayoría cualificada que ya no tendrá el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). ¿Y cuándo asumen los nuevos legisladores?. El 5 de enero, es decir, en menos de tres semanas. Como la oposición tampoco tendrá el número de representantes necesarios para derogar una ley de este tipo, Chávez se asegura estos poderes excepcionales prácticamente hasta casi el final de su actual mandato en el 2012, en cuyas elecciones piensa volver a presentarse.

Debe notarse que el PSUV incluso podría haber obtenido muchas menos bancas de haber regido en Venezuela un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes de los distritos. Pero el chavismo, aprovechándose de que hasta ahora tenía una mayoría abrumadora concentró bancas en aquellos distritos donde Chávez tiene más simpatías. De hecho, en las elecciones legislativas los resultados fueron de alrededor del 50% para los candidatos del PSUV y para la oposición, lejos de las arrolladoras victorias de otros tiempos.

Como si fuera poco estos poderes especiales, le dan a Chávez la posibilidad de aumentar y crear impuestos a apenas dos años de las elecciones generales.

En un sistema democrático con cierta calidad, una ley de ese tipo ya no se aprobaría ante la inminencia de un nuevo congreso que responde a una nueva voluntad popular expresada en comicios recientes. Este es uno de los indicadores del deterioro que mencionamos. Sin contar la concentración de poderes políticos y económicos que esta ley supone y la distorsión de la soberanía popular al premiar con bancas a distritos no por su número real de electores sino por su lealtad al titular del Ejecutivo.

Carlos Martini
Sociólogo. Periodista. Docente.