Esto cambió drásticamente en Arizona desde ese día cuando la gobernadora de ese Estado, la republicana Jan Brewer, firmó la ley SB1070, la más restrictiva con los inmigrantes en ese país.

A partir de ahora se puede pedir documentación a cualquier persona si existe lo que se denomina “sospecha razonable” no de que cometió un crimen, sino de que es un inmigrante ilegal. Si esa persona no puede probar que está en forma legal puede ser encarcelada hasta seis meses, multada con 2.500 dólares y, eventualmente, ser expulsada del país. Esta ley entrará en vigor en 90 días y, por lo tanto, se convertirá en delito ser un inmigrante ilegal. En pocas palabras, se tratará a un indocumentado como un criminal.

Según los sectores que apoyan esta ley, la misma es una respuesta a lo que llaman la incapacidad del gobierno federal para resguardar la frontera de EE.UU, principalmente con México.

La cuestión migratoria es muy sensible en EE.UU. que cuenta con casi 11 millones de migrantes indocumentados. En Arizona, que comparte una extensa frontera con México se calcula que hay unos 460.000 indocumentados.

Las persistentes oleadas migratorias de latinos llenan resquicios de trabajos, en la agricultura y en general de baja calificación, que requiere la propia economía estadounidense. Sin embargo, desde sectores conservadores se acusa a este tipo de migrantes de favorecer la inseguridad y el desempleo. No existe hasta ahora estudio alguno que muestre que esto sea cierto.

El presidente Barack Obama ha reaccionado con indignación frente a esta ley de Arizona. Calificó de “irresponsabilidad” esta legislación. Y fue más lejos. Agregó que “esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen a los norteamericanos”. Incluso, instruyó a funcionarios de su gobierno que hagan un seguimiento de la situación de los migrantes en Arizona para que no se violen sus derechos civiles.

El cardenal Roger Mahony, de Los Angeles comparó a la ley con el nazismo. Muy dura fue también la reacción del gobierno de México cuya ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien dijo que la ley obliga a México a plantearse la viabilidad y utilidad de los esquemas de cooperación con Arizona.

Esta ley es un retroceso para los EEUU, país que a diferencia de Europa no exige la entrega de papeles en la calle si no hay sospecha de un delito. Refleja además el fracaso de su dirigencia por la postergación de las tantas veces prometida nueva ley migratoria federal para que se encare un proceso real de regularización. Es un triunfo para grupos muy conservadores, por ahora, sólo en Arizona.

Carlos Martini
Sociólogo. Periodista. Docente.