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28 de Diciembre, 2016 | Nacionales

Veto parcial se perfila como solución al conflicto por PGN 2017

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, conversó con la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Lograron acordar el diálogo permanente y el veto parcial al PGN 2017 sería la solución al conflicto actual.

Reunión entre las autoridades de la Comisión Permanente y el Gobierno. Foto: @jazmindelpy.

Peña fue el vocero luego del encuentro y mencionó que luego de dos horas de conversaciones se pudo acordar comenzar un diálogo franco acerca del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017.

Dijo que la noticia consiste en el intercambio de opiniones que se dará de ahora en más, sin embargo amplió afirmando que se podría rever la posición del Poder Ejecutivo cambiando el veto total por uno parcial.

“Salimos de esta reunión sin ningún compromiso”, aclaró pero afirmó que el veto parcial es algo "factible". 

Enumeró tres cuestiones fundamentales como las cuestiones con las que no está conforme el Ejecutivo, son las siguientes:

-Límite a la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).

-Recorte a la emisión de bonos para 2017.

-Aumentos salariales que superan el límite impuesto por la ley de Responsabilidad Fiscal.

La senadora Desirée Masi dijo a la 730 AM que el ministro conversará con el Presidente de la República Horacio Cartes sobre lo tratado con la Comisión Permanente para luego tomar una decisión.

Veto total

El veto a todo al PGN 2017 sancionado por el Congreso Nacional generó una serie de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La cuestión no solo se reduce a lo que se gastará en el año que viene sino también hacia una pulseada en lo político a ver cuál de los Poderes logra hacer prevalecer su posición.

Por otro lado, hay cuestiones constitucionales y legales que están en juego, tanto en la entrada en vigencia del PGN 2016 si se mantiene el veto así como la imposibilidad de emitir deuda a través de los bonos en el exterior.

A consideración de los legisladores, cada pasivo tomado debe estar rubricado por el Congreso Nacional, en este caso se pretende repetir una normativa sancionada en 2015 para compromisos de 2016, cuestión que no sería legal.

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