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25 de Abril, 2017 | Nacionales

Sacyr desacredita a la Contraloría y se califica apta para la APP

Por medio de un comunicado, la empresa Sacyr Concesiones cuestiona el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) y asegura que está habilitada para ser adjudicatario de la APP del aeropuerto.

Foto: Archivo - Última Hora

Para Sacyr, la CGR no observó "la legitimidad de Sacyr como oferente, con lo que queda demostrado que está perfectamente habilitado". Así también, alegan que no realizó declaración jurada falsa.

La firma comenta que siguieron todos los pasos administrativos marcados en la legislación y lamenta que el proceso sea entorpecido por "sujetos sin competencia para entender en el asunto".

"Cualquier empresa que participó del concurso debió honrar la fianza establecida en el pliego de bases para optar por el recurso de impugnación. Pero no lo hizo. Y sólo por este hecho el dictamen debería carecer de validez", señala el texto.

Explica también que la precalificación es una potestad de la administración que fue dirigida y vigilada por cuatro ministerios y la Procuraduría General de la República. "El proceso de evaluación se realizó con transparencia y en igualdad de condiciones por parte de una Comisión de Evaluación de Ofertas,  órgano independiente integrado por representantes  del Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones", expresan.

Así también manifiesta que estos entes avalan la trasparencia y rigurosidad del proceso con 40 personas, entre técnicos, asesores jurídicos y económicos.

"Expresamos que una eventual cancelación a la adjudicación de esta licitación, sería un grave precedente para la ley de APP, cuya promulgación le dio al Paraguay visibilidad ante inversores internacionales", aseveran.

Asimismo, vaticina que una resolución en contrario "aplicaría una herida mortal" al país porque alertaría al mundo inversor sobre la inseguridad jurídica, pondría en peligro la financiación de otros proyectos del país, eliminaría la competencia en los negocios de construcción, concesiones y servicios, y dejaría a ciertos grupos sectores de mayor dinamismo en la economía.

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