Fernando Lugo, presidente de la República.Archivo

El esperado pronunciamiento del presidente Fernando Lugo sobre la crisis de la tierra, cuyo último capítulo se produjo en el sur del Alto Paraná, fue más de lo mismo que siempre sostiene. Si alguna de las partes en conflicto, tanto carperos como colonos, esperaba un apoyo del mandatario, se quedará decepcionado.

El jefe de Estado se mantuvo en su ortodoxo “apego a la ley” para pronunciarse sobre la crisis de la tierra. “El Gobierno de la República ratifica que el Estado de Derecho constituye el único marco de definición de los conflictos generados en el ejercicio de las libertadas conquistadas en la Democracia”.

Asimismo, enfatizó que cualquier solución a problemas de derechos sobre tierras “compete con carácter exclusivo y excluyente a prerrogativa delegada constitucionalmente a los magistrados del Poder Judicial”.

En esta parte del comunicado, el mandatario toma distancia de la posición de los carperos, que exigen que el propio Gobierno tenga la iniciativa de adueñarse de las tierras fiscales que habían sido

“El poder administrativo (el Ejecutivo) no detenta prerrogativas fuera de dichos procedimientos (legales) reglados. En consecuencia, no ejecutará disposiciones fuera de su competencia que vulneren la vigencia del Estado de Derecho” recalca el documento que dio a conocer la Presidencia a través de su sitio web.

Aclara, asimismo, que la unidad entidad del Estado que puede ocuparse en el caso de comprobarse tierras malhabidas es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert)

Defendió a militares

Por otra parte, Lugo defendió la tarea llevada a cabo por los militares de la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil) en el amojonamiento de tierras en Ñacunday. Según Lugo, comandante en jefe de las FFAA, esos trabajos se hicieron en el marco de la ley de “seguridad fronteriza”.

El mandatario también expresa en el comunicado que rechaza “toda idea de violencia” y toda “idea de justicia por mano propia y ha instruido a la Fuerza Pública, en consonancia con su misión institucional en cada caso, a la utilización de todos los medios disponibles para el aseguramiento del orden público y la seguridad de las personas. Ello

Finalmente, se compromete a liderar desde el Ejecutivo la coordinación de acciones con los demás poderes del Estado que permita encontrar instrumentos legales que viabilicen una solución al problema.