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04 de Octubre, 2016 | Nacionales

Imputan a dos personas que estafaban con el sueño de la casa propia

La Fiscalía imputó y solicitó prisión para dos personas que fungían de gestores de la Senavitat para intermediar en la adjudicación de viviendas. Los acusados pedían una entrega de G. 3 millones para acceder a las casas.

La fiscal Claudia Aguilera imputó a Yenni Carolina Fernández de 36 años y a Luis Alberto Anzuategui Rodríguez de 49, por los supuestos hechos de producción de documentos no auténticos y estafa. 
 
Ambos se presentaban como gestores de la firma encargada de construir viviendas para la Senavitat en la zona de Ñemby. Las dos personas indicaban a sus víctimas que ellos estaban encargados de realizar las gestiones de documentos para la adjudicación de casas económicas.
Foto: Ilustración - abadi.com.br

 

Solicitaban G. 3 millones para iniciar con los trámites de adjudicación de los inmuebles. La entrega del dinero se hacía bajo recibo y en concepto de gestión de documentos para adjudicar a un grupo de personas los dúplex, propiedad de Senavitat.
 
Según la imputación, los recibos contienen un sello de la empresa “Constructora MATSAI”. Por otra parte, Fernández y Anzoategui habrían solicitado a las víctimas varios documentos, entre ellos: fotocopia de cédula de identidad, constancia de no poseer inmuebles, antecedentes judiciales y policiales y certificados de nacimiento de los hijos.  
 
Tras la entrega de los papales, los supuestos beneficiados por las soluciones habitacionales se reunieron con Yannina Fernández a fin de informarles que en un mes se les entregarían las viviendas. No obstante, uno de los que realizó el trato fue a verificar los duplex y le informaron que los mismos ya tenían dueño. 
 
Tras salir a luz esta situación, todas las familias fueron hasta la sede de la Senavitat en donde fueron informados que el ente ministerial no trabaja con gestores para la adjudicación de viviendas sociales.
 
Tiempo después Anzuategui volvió a solicitar a los interesados la suma de G. 1 millón e informó que la cuota subió a G. 1.400.000 en un plazo de 20 años. Posteriormente una comitiva fiscal allanó el domicilio de ambos acusados y encontraron una cantidad importante de documentos pertenecientes a los denunciantes y otros papeles como censos de asentamientos.
 
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