El Procurador General, Enrique García (der) sugirió pasar por alto un decreto del presidente en el caso de la quiniela.Foto Archivo

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se reúne hoy y podría expedirse en su sesión sobre la financiación de la millonaria deuda de Mepshow, a través de una simple resolución institucional.

Lo hará en base a la recomendación hecha por la Procuraduría General de la Republica, entidad que debe velar por los intereses del Estado, y que sin embargo promueve una clara violación a la Constitución Nacional.

Esta recomendación señalada viola el orden de prelación de las normas, consagrada en el artículo 137 de la Carta Magna que rige desde 1992. La Procuraduría pretende avalar que la Conajzar modifique un decreto del Poder Ejecutivo (norma Superior), por medio de una resolución de la entidad, o una resolución o decreto del Ministerio del cual depende (norma Inferior).

El Estado suscribió un contrato con Mepshow luego de un controvertido proceso de licitación. Este acuerdo, en el cual la firma concesionaria se comprometía a cumplir a rajatablas sus obligaciones, entre ellas pagar un canon de 7.560 millones de guaraníes, fue rubricado a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

La decisión adoptada recientemente por la Conajzar de fraccionar la deuda de la concesionaria de la quiniela Mepshow SA, resulta manifiestamente contraria a la ley, que sus responsables ni siquiera quieren exponer al Presidente de la Republica a que firme el Decreto.

El jefe de Estado, Fernando Lugo, autorizó por Decreto la firma del contrato de concesión que ya estaba incluido en el pliego de bases y condiciones desde el inicio de la licitación; sin embargo, ahora la Conajzar pretende modificar el contrato sin la autorización del Presidente de la Republica.

Todo acto administrativo contrario a la Constitución es absolutamente nulo, y quienes intervinieron en él deben responder personalmente por la irregularidad cometida, por lo que los miembros de la Conajzar tienen el deber de no dar curso a una violación constitucional. Si lo hacen, se exponen a ser investigados por la Justicia.