Carlos Filizzola, ministro del Interior.Archivo

Miembros de la Comisión Permanente del Congreso recibieron a Filizzola, quien expuso ante los legisladores las medidas adoptadas por esa cartera de Estado para garantizar la seguridad de las personas y el respeto de la propiedad privad, en el marco del litigio que confronta a productores de origen brasileño y campesinos paraguayos en el departamento del Alto Paraná.

El secretario de Estado indicó que su institución garantiza la seguridad en la zona en litigio, para lo cual se dispuso el envío de 200 efectivos policiales de distintas reparticiones, que están a cargo del jefe de orden y seguridad de Alto Paraná, comisario Óscar Ferreira.

"Desde los últimos incidentes se han reforzado el plantel de agentes y de ser necesario haremos más refuerzos. Garantizamos que no haya ningún tipo de ocupación, de hecho no existe ocupación de los terrenos en litigio: los campesinos están en la zona colindante", dijo.

Señaló que la orden dada a los integrantes de la policía nacional es hacer cumplir la ley, y que no se puede ocupar la propiedad de ninguna manera.

Para concluir, el secretario de Estado apuntó que transmitirá las inquietudes de los parlamentarios dentro del ámbito del Poder Ejecutivo.


Por su parte, el senador Efraín Alegre, presidente de la Comisión Permanente, junto a los senadores Rogelio Benítez y Marcial González Safstrand, y los diputados Clemente Barrios y Andrés Retamozo, miembros del órgano legislativo, intercambiaron pareceres con el ministro Carlos Filizzola sobre los últimos acontecimientos ocurridos en los distritos de Ñacunday y Santa Rosa del Monday.

"Trabajamos en base a dos o tres líneas fundamentales que llevamos adelante los miembros de la Comisión Permanente, primero, que todo lo que sea objeto de litigio en materia de propiedad y límites constituye materia del Poder Judicial; es una cuestión fundamental, el respeto al estado de derecho y de las instituciones competentes en la materia", significó Efraín Alegre al concluir la reunión.

Agregó que los parlamentarios rechazan cualquier tipo de posiciones que busquen la violencia y la confrontación. Además, expusieron sus objeciones con respeto a la actuación de organismos administrativos, tales como las fuerzas armadas y el Indert en cuestiones que no son de competencia.

"Sobre todo decíamos que necesitábamos de un mensaje contundente de que todas estas cuestiones serán dirimidas por los canales constitucionales y en este caso ese canal es el Poder Judicial", reiteró Alegre.