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03 de Septiembre, 2015 | Nacionales

Caso Curuguaty: Tribunal rechaza recusación

El Tribunal de Apelaciones de Canindeyú rechazó la nueva recusación en contra de los magistrados que llevan adelante el juicio oral y público por la masacre de Curuguaty.

La mencionada Cámara de Apelaciones está compuesta por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero. La misma no dio lugar a la recusación planteada por el abogado Pablo Aguayo, defensor de Lucía Agüero, una de las acusadas por la matanza de Curuguaty, informó Última Hora.

Los integrantes del Tribunal de Sentencia de la causa, Ramón Trinidad Zelaya (presidente), Óscar Ramón González y Samuel Silvero, fueron recusados por parcialidad, falta de independencia y arbitrariedad.

Aguayo, decidió recusar luego de que le rechazaran el pedido de suspensión del juicio oral y público, debido  a que pudo acceder a la carpeta fiscal recién el martes y necesitaba tiempo para interiorizarse del caso.

Además, otro incidente fue la falta de intérpretes del idioma guaraní, necesarios para que los acusados comprendan el seguimiento del juicio. "El tribunal pisotea los derechos lingüísticos de los acusados", afirmó en guaraní Aguayo durante el juicio, en una intervención que arrancó los aplausos de los asistentes, muchos de ellos activistas, observadores o políticos paraguayos y de otros países que gritaron: "libertad a los presos por luchar", mencionó EFE en su informe.

El juicio quedó suspendido por quinta vez. Ahora, se debe comunicar a las partes sobre la confirmación del Tribunal de Sentencia y, posteriormente, fijar una nueva fecha para la diligencia.

Foto: Tribunal de Sentencia/ EFE

La masacre de Curuguaty ocurrió en junio del 2012, provoco la muerte de 17 personas y la destitución del presidente Fernando Lugo.

Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos en el tiroteo.

El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). 

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