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16 de Mayo, 2010 | /opinions/list

El Caso Garzón: Revés para la dignidad humana

La suspensión en sus funciones al juez español Baltasar Garzón por parte del Poder Judicial el viernes 14 coloca de nuevo en el centro del debate los alcances de la justicia reparadora por crímenes de Estado. Esta parte de la historia comienza en el 2008 cuando Garzón inicia una investigación por desaparición de personas durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco que se prolongó hasta 1975.

En 1977, durante la transición a la democracia el Parlamento español aprobó una ley de amnistía, en una suerte de pacto entre vencedores y vencidos de aquella confrontación para facilitar el camino democrático. Pero el conocido juez que procesó a Augusto Pinochet en 1998 por crímenes durante su gestión cuando el ex dictador estaba de visita en Londres, considero que esa ley de 1977 no incluye a crímenes de lesa humanidad como los producidos durante la guerra civil y el franquismo, que son imprescriptibles y por lo tanto pueden y deben ser investigados.

La reacción de fuerzas cercanas al franquismo no se hizo esperar. Manos Limpias, organización de extrema derecha, lo denunció por saltarse esa ley de 1977.

Así se llega al miércoles 12 cuando un magistrado del propio Tribunal Supremo de España, Luciano Varela, inicia un proceso contra Garzón siguiendo esas denuncias. El artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a separar temporalmente a un juez cuando se le inicia un proceso.

Hasta aquí los hechos. La polémica está instalada. Por un lado debe recordarse que “ las desapariciones forzadas, el secuestro organizado de niños y los asesinatos masivos son crímenes de lesa humanidad que no están prescriptos ni amparados por la Ley de Amnistía de 1977, en aplicación de los Tratados Internacionales firmados por España.” ( Garzón, suspendido y en el banquillo, artículo en el País de Madrid del 15 de mayo de 2010 firmado por los magistrados Montserrat Comas, Ramón Sáez, Manuela Carmena, Javier Martínez y el fiscal Félix Pantoja)

Además la Fiscalía no había observado ninguna irregularidad en las investigaciones iniciadas por Garzón y nadie se había presentado al Poder Judicial sintiéndose violentado en sus derechos por este intento, por ahora suspendido, de reparación histórica con justicia.

Por otro lado, los sectores más vinculados al franquismo lo acusan de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas que son ilegales) por ese salto a la ley de amnistía de 1977.

En nuestra opinión, si en algo se avanzó en la justicia globalizadora en las últimas décadas del siglo anterior es en la concepción de que las atrocidades perpetradas contra la dignidad humana no pueden ser sepultadas por amnistías coyunturales. El caso Garzón no está definido pero es una mala señal para la búsqueda de que la verdad vaya acompañada de justicia.


Carlos Martini
Sociólogo. Periodista. Docente.

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